EsSalud lava ropa hospitalaria en lavanderías clandestinas

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El caso en el que EsSalud permite lavado de ropa hospitalaria en lavanderías clandestinas ha generado preocupación por el riesgo de infecciones, ya que se trataría de prendas usadas por médicos y pacientes en condiciones poco seguras.

¿Por qué EsSalud permite lavado de ropa hospitalaria en lavanderías clandestinas?

Un reportaje reveló que el servicio de lavandería en tres hospitales fue entregado a empresas que no cumplen normas básicas de higiene. Estas lavanderías no cuentan con permisos adecuados ni siguen protocolos de bioseguridad, lo que pone en peligro a miles de personas. Uno de los locales señalados es una lavandería ubicada en Jesús María. Este negocio habría recibido contratos del Estado por cerca de medio millón de soles. Sin embargo, su actividad principal no era el lavado de ropa hospitalaria, sino la limpieza de zapatillas. Aun así, en ese lugar se habrían lavado sábanas, ropa quirúrgica y uniformes médicos. Otro punto crítico se encuentra en Chorrillos. Allí funciona un local sin contrato formal con el Estado. A pesar de ello, recibe ropa hospitalaria en camionetas. Las autoridades municipales ya lo habían declarado insalubre e incluso ordenaron su cierre.

¿Qué hospitales estarían involucrados?

La denuncia menciona a tres centros de salud importantes: el Hospital III Suárez Angamos, el Hospital Uldarico Rocca Fernández y el Hospital II Carlos Alcántara Butterfield. Todos forman parte de EsSalud y atienden a miles de pacientes cada día. El uso de lavanderías clandestinas podría aumentar el riesgo de infecciones dentro de los hospitales. Esto afecta tanto al personal médico como a los pacientes.

¿Qué respondió EsSalud ante la denuncia?

EsSalud explicó que el contrato principal de lavandería terminó en julio de 2025. Luego, la institución realizó dos concursos públicos, pero no logró contratar nuevas empresas porque las propuestas superaban el presupuesto permitido. Ante esta situación, optó por contratar servicios de forma inmediata. Según la entidad, eligió la opción más económica que cumplía con los requisitos técnicos. Además, aseguró que el servicio funciona con normalidad y sin observaciones internas.

¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Pueblo reaccionó con firmeza. Exigió separar de inmediato a los funcionarios responsables de esta situación. Señaló que esta negligencia pone en riesgo la vida de miles de peruanos. Este caso abre un debate urgente sobre la calidad de los servicios en el sistema de salud. También muestra la importancia de supervisar correctamente los contratos públicos.

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