El Congreso de la República enfrenta un nuevo escándalo luego de que una empresa privada anunciara que evalúa solicitar el embargo de sus cuentas por una deuda vinculada a un fallido proyecto satelital.
La frase clave “Congreso enfrenta posible embargo por proyecto satelital” ha generado polémica tras revelarse que el Parlamento lleva siete años sin pagar por equipos instalados parcialmente en el centro histórico de Lima.
La empresa Río Pacífico S.A.C. asegura que el Congreso incumplió pagos relacionados con un proyecto tecnológico destinado a ampliar la señal del Canal Congreso a nivel nacional e internacional.
Según un reportaje emitido por Cuarto Poder, el Poder Judicial ya ordenó al Parlamento cumplir con el pago de la deuda tras perder un arbitraje.
Proyecto buscaba transmitir sesiones del Congreso a todo el país
Todo comenzó en 2018, durante la gestión de Daniel Salaverry, cuando el Parlamento aprobó una inversión cercana a los dos millones de soles para instalar modernas antenas satelitales.
El objetivo era transmitir las sesiones del Congreso y ampliar la cobertura del canal institucional hacia diferentes regiones del Perú y otros países del continente.
La empresa Río Pacífico S.A.C. fue contratada para ejecutar el proyecto y comenzó a instalar parte de los equipos en la azotea del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el centro histórico de Lima.
Sin embargo, el proyecto quedó paralizado cuando surgieron problemas técnicos relacionados con la instalación de la antena principal.
Ministerio de Cultura frenó instalación de antena
La controversia estalló oficialmente en junio de 2019, cuando el Ministerio de Cultura rechazó la instalación de la enorme antena satelital.
Según el informe, la estructura incumplía normas urbanísticas y afectaba el entorno protegido del centro histórico de Lima, considerado patrimonio cultural.
Representantes de Río Pacífico señalaron que el Congreso nunca advirtió estas restricciones antes de aprobar el proyecto.
“Era imposible instalarla por el tamaño y el peso”, explicó Raúl Ubidia, gerente de la empresa contratista.
Desde entonces, parte de los equipos permanece abandonada sobre la azotea del edificio congresal, convertida en lo que varios califican como “chatarra tecnológica”.
Empresa exige pago y evalúa embargo de cuentas
En diciembre de 2021, el Congreso resolvió el contrato alegando incumplimientos de la empresa. Sin embargo, el arbitraje posterior falló a favor de Río Pacífico S.A.C.
Posteriormente, en marzo de 2025, el Poder Judicial ratificó que el Parlamento debía pagar las prestaciones ejecutadas y otras obligaciones derivadas del contrato.
Pese a ello, la empresa asegura que el Congreso todavía no cumple completamente con la sentencia judicial.
Ante esta situación, Jorge Amorós, accionista de Río Pacífico, reveló que evalúan solicitar el embargo de las cuentas del Parlamento.
“Es un escándalo”, afirmó durante el reportaje televisivo, cuestionando que nadie asuma responsabilidades por el dinero público invertido en el fallido proyecto.
El caso vuelve a poner en debate el manejo de recursos públicos y los errores administrativos dentro del Congreso de la República.
