El abogado, quien defiende a las familias de las víctimas de las protestas ocurridas entre 2022 y 2023, afirmó que Boluarte está optando por una estrategia de enfrentamiento directo con las autoridades judiciales.
Además, según sus declaraciones, la presidenta busca alinear su discurso con el fujimorismo para desacreditar a los fiscales y jueces que investigan su gestión.
¿Qué investigaciones y denuncias presenta Boluarte?
Actualmente, Boluarte enfrenta entre seis y ocho investigaciones por presuntos delitos de corrupción, que van desde el plagio de un libro hasta la adquisición de relojes de lujo. La Fiscalía de la Nación también ha presentado una denuncia constitucional en su contra por las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
En respuesta, el gobierno está desplegando una serie de estrategias de presión a las entidades judiciales. Rivera señaló que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha jugado un papel clave en esta confrontación, denunciando a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, lo que podría afectar la estabilidad del sistema judicial.
¿Cuál es el papel de la Junta Nacional de Justicia?
Otro foco de tensión es el papel de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que está iniciando investigaciones tanto en contra de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, como contra la Fiscal de la Nación. Según Rivera, esto podría ser parte de una estrategia política para debilitar a estas instituciones y controlar el sistema de justicia.
El abogado también advirtió que la destitución de Janet Tello podría tener graves repercusiones ya que generaría un mensaje de sometimiento del Poder Judicial a intereses políticos.
¿Es posible despolitizar la justicia en el Perú?
Rivera explicó que en los últimos años ha habido una creciente judicialización de la política y una politización del sistema judicial. Par revertir esta situación, considera que es fundamental fortalecer la independencia del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y los sistemas de apelación. Así se podría evitar que las decisiones judiciales sean influenciadas por presiones políticas.
Cuando se le preguntó si la presidenta podría estar en prisión si no contara con la protección del antejuicio, Rivera fue contundente:
«Si Dina Boluarte no tuviera antejuicio, ya estaría presa».
Según el abogado, existen pruebas suficientes de su intervención en la represión de las protestas y en casos de corrupción.
Rivera también sostuvo que la presidenta no es la única involucrada, ya que altos mandos policiales y militares también podrían ser procesados por su participación en los eventos ocurridos durante su gobierno.
