El Consejo de Ministros aprobó ayer, lunes, un Decreto Legislativo que plantea condenar hasta con 30 años de cárcel los robos de teléfonos móviles y equipos informáticos, si existe el agravante del uso de explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito.
El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, señaló que el dispositivo fortalece la prevención y la lucha contra el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país.
La medida, que se da en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana, modifica el Código Penal en la figura de robo agravado e incorpora el robo de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares, como agravante.
Así, este delito será sancionado con penas de 12 a 20 años de cárcel y “será de 20 a 30 años cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito”.