La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, solicitó al Gobierno del Perú y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) garantizar el respeto a la independencia judicial.
Esta petición surge tras el inicio de un proceso disciplinario inmediato contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y cuatro jueces supremos.
¿Cuáles son las preocupaciones de la ONU?
Margaret Satterthwaite expresó su preocupación por la formalización de un procedimiento disciplinario que, según sus declaraciones, está reservado para casos de faltas graves flagrantes.
Sin embargo, en este caso, el proceso parece basarse en la aplicación indebida de una norma derogada, lo que ha generado dudas sobre su validez.
La relatora también advirtió sobre un «patrón más amplio de ataques a la independencia judicial» en el Perú, que incluye reformas legales, acusaciones constitucionales y presiones sobre las autoridades judiciales y electorales.
Para Satterthwaite, estas acciones podrían debilitar el Estado de derecho y afectar el equilibrio de poderes en el país.
¿Qué implica la investigación de la JNJ?
El pasado 16 de febrero, la Junta Nacional de Justicia notificó a la presidenta del Poder Judicial y a los jueces supremos Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano sobre el inicio de una investigación disciplinaria.
Este proceso busca determinar si cometieron una falta grave al integrar la Primera Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos. De confirmarse la falta, podrían enfrentar sanciones disciplinarias que incluyen la destitución de sus cargos.
¿Cuál es la postura de la relatora de la ONU?
Satterthwaite enfatizó que las sanciones a jueces deben aplicarse con el «máximo rigor» y solo en casos excepcionales. Además, recordó que los estándares internacionales exigen que los magistrados puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias.
En sus comunicados al Estado peruano en 2023 y 2024, ya había manifestado inquietudes sobre posibles interferencias en el Poder Judicial.
