Prisión preventiva contra Ciro Castillo-Rojo

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El Poder Judicial dicta prisión preventiva contra Ciro Castillo-Rojo, exgobernador del Callao, por presuntos actos de corrupción vinculados a una red criminal dentro del gobierno regional. La medida fija 24 meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por organización criminal y colusión agravada.

¿Por qué dictaron prisión preventiva contra Ciro Castillo-Rojo?

El juez Edie Solórzano, del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, aceptó en parte el pedido del Ministerio Público. La Fiscalía solicitó 36 meses, pero el magistrado ordenó 24 meses de prisión preventiva. Según la investigación, el exgobernador habría dirigido contratos públicos para favorecer a proveedores específicos de la región. La decisión también incluye orden de búsqueda y captura, ya que Ciro Castillo-Rojo permanece prófugo. Las autoridades activaron los mecanismos para ubicarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

Más implicados en el caso “Los socios del Callao”

El caso conocido como “Los socios del Callao” no solo involucra al exgobernador. El juzgado también dictó prisión preventiva por 24 meses para otros ocho investigados que habrían cumplido roles clave dentro del esquema. Entre ellos figuran asesores, funcionarios de logística, especialistas en adquisiciones, encargados de almacén y proveedores. La Fiscalía sostiene que estas personas coordinaron procesos irregulares para aprobar contrataciones sin concurso y con montos fraccionados.

¿Quiénes están prófugos y quiénes ya están detenidos?

Además de Ciro Castillo-Rojo, el juez ordenó búsqueda y captura para otros investigados que no acudieron a la audiencia. En paralelo, varios implicados ya se encuentran tras las rejas, cumpliendo la medida preventiva mientras continúan las diligencias fiscales.

Detención domiciliaria para un proveedor

El juzgado dispuso detención domiciliaria por 24 meses para el proveedor Luis Antonio Blanco Cabrera. El juez evaluó su situación y aplicó una medida distinta a la prisión preventiva, bajo reglas estrictas de control.

¿Qué sigue en la investigación?

La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas, el análisis de contratos y la identificación de responsabilidades. El objetivo es determinar el nivel de participación de cada investigado y recuperar posibles fondos públicos comprometidos. Este caso mantiene en alerta a la región Callao y refuerza el debate sobre transparencia y control en la gestión pública.

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