Tras la sentencia del
Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional,
Alejandro Toledo Manrique se convierte no solo en el
segundo presidente condenado por
corrupción en la historia peruana, sino que también hace historia al convertirse en el primer expresidente de
Latinoamérica condenado por el
Caso Odebrecht.
La tarde de este lunes 21 de octubre, tras
175 audiencias y más de
100 testimonios, el expresidente Toledo fue condenado a
20 años y
6 meses de prisión por
colusión y
lavado de activos en el marco del caso de Carretera
Interoceánica Sur, específicamente en los tramos 2 y 3. También se le impuso una pena tres años de inhabilitación para ejercer cargo público.
¿Qué pasó durante el juicio?
Durante el juicio, se demostró que Toledo Manrique se coludió con la empresa
Odebrecht, asegurando la adjudicación de la licitación a cambio de un
soborno de 35 millones de dólares, lo que causó un grave perjuicio al Estado peruano. Además, se estableció que convenció a su amigo, el fallecido
Josef Maiman, para actuar como intermediario y recibir el soborno a través de empresas que él había creado.
Durante la lectura de la sentencia, Toledo mostró una actitud tranquila y, a pesar de la gravedad del momento, se le vio intercambiando comentarios con su abogado y sonriendo.
Sin embargo, cuando la
jueza Inés Rojas Contreras anunció que pasaría dos décadas tras las rejas, él respondió con una risa prolongada. Al finalizar la audiencia, surgió un incidente entre Toledo y el fiscal José Domingo Pérez, quien lo acusó de haberle insultado.
¿Quiénes testificaron en contra de Toledo?
Las declaraciones de
Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, y el testimonio de
Josef Maiman fueron cruciales para la sentencia. Barata afirmó que Toledo lo contactaba incluso después de dejar la presidencia, pidiéndole que «se le pagara su dinero».
Por su parte, Alejandro Toledo negó estas acusaciones:
«Yo soy inocente, nunca hice ningún arreglo con el señor (Jorge) Barata, mucho menos con (el supuesto testaferro Josef) Maiman” manifestó.
Otras condenas
El tribunal también impuso penas adicionales:
Sergio Bravo Orellana y
Alberto Javier Pasco Font Quevedo, exintegrantes del comité Proinversión, recibirán
9 años de cárcel por su complicidad en el delito de colusión. El empresario
José Fernando Castillo Dibós fue sentenciado a
14 años y 6 meses de prisión por los mismos delitos.
