Pedro Castillo denuncia a presidenta del INPE

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El exmandatario vuelve al centro del debate público. Pedro Castillo denuncia a presidenta del INPE por una presunta violación de su intimidad tras una requisa en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión. A través de su abogado, el exjefe de Estado presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal de Lima y pidió que se investigue a los funcionarios responsables. Castillo señala directamente a Shadia Elizabeth Valdez Tejada, presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y al director de seguridad, Henry García Malpartida. Según su versión, durante una revisión en su celda, personal del penal tomó fotografías privadas que luego circularon en medios y redes sociales.

¿Por qué Pedro Castillo denuncia a presidenta del INPE?

El exmandatario afirma que la requisa vulneró sus derechos fundamentales. Sostiene que la difusión de imágenes privadas afectó su dignidad y buscó distraer la atención pública. Por ello, su defensa considera que existió un grave abuso. La denuncia menciona cuatro presuntos delitos. Castillo acusa violación de la intimidad, revelación de información reservada, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales. Su abogado, Walter Ayala Gonzales, presentó el documento formal ante el Ministerio Público.

¿Qué pide la defensa del expresidente?

La defensa solicita que la Fiscalía investigue a los funcionarios involucrados y determine responsabilidades. También exige que el INPE garantice el respeto a la privacidad de los internos. Castillo sostiene que las requisas deben cumplir la ley y no deben afectar derechos básicos. Este caso no es aislado. El expresidente Martín Vizcarra también denunció hechos similares tras la difusión de imágenes durante su reclusión. Ambos procesos generan debate sobre los protocolos de seguridad en los penales y sobre la protección de la intimidad.

Un nuevo frente legal en medio de procesos judiciales

Pedro Castillo enfrenta procesos judiciales por hechos ocurridos durante su gobierno. Ahora abre un nuevo frente legal contra autoridades penitenciarias. La situación aumenta la tensión entre el exmandatario y el sistema penitenciario. El caso también plantea preguntas importantes. ¿Se respetan los derechos fundamentales de los internos? ¿Existen controles suficientes para evitar filtraciones? La Fiscalía deberá analizar los hechos y decidir si abre una investigación formal. Mientras tanto, el debate sobre transparencia y derechos humanos vuelve a tomar fuerza en el país. La decisión que adopten las autoridades marcará el rumbo de este nuevo capítulo judicial.

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