PGE ha pedido una reparación civil de 67 millones de soles por el fallido golpe de Estado.
La Procuraduría también está constituida como actor civil en el proceso a los implicados en el quiebre constitucional, como el exmandatario Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres y Roberto Sánchez.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y dictaminó el embargo de los bienes de los imputados, el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exjefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres Vásquez.
El juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades de Castillo, las cuales están ubicadas en el distrito de Anguía (provincia de Chota), así como en la localidad de Tacabamba, todas ellas en Cajamarca.
En el caso de Torres, se embargó en forma de inscripción e inhibición nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Cercado de Lima, además de un vehículo.
Como se recuerda, la