El Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
El Comité ha hecho pública hoy su decisión tras escuchar la queja presentada por Camila (seudónimo), quien fue violada por su padre desde los nueve años hasta que se quedó embarazada a los trece.
Según el caso, Camila nunca deseó estar embarazada y menos tener un hijo de su padre. Sin embargo, en el centro de salud de Huanipaca, donde se la atendió, no le brindaron información alguna sobre su derecho a acceder al aborto terapéutico —legal en el Perú desde 1924— y más bien insistieron en continuar con el esquema de atención prenatal. Poco después le ofrecieron un plan de parto. Camila y su madre solicitaron la interrupción legal del embarazo, pero no obtuvieron respuesta ni de la Fiscalía ni tampoco de las autoridades de salud.
Tras tener un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo. Por ello, el Comité consideró que la falta de información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de acceso efectivo a dichos servicios expuso a Camila a un riesgo real, personal y previsible para su vida y su salud.
Es preciso destacar el papel del Movimiento Son Niñas No Madres —conformado por una decena de organizaciones a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas como el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), entre otros—, que interpuso la demanda ante dicho organismo en el 2020.