La presidenta
Dina Boluarte firmó una ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Con esta norma, el Estado tendrá más poder para vigilar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben apoyo del extranjero.
Durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte defendió la ley asegurando que busca proteger la democracia y evitar que algunas ONG actúen contra los intereses del país. Pero no todos piensan igual. Varias organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación, ya que temen que el gobierno use esta ley para limitar su libertad y su financiamiento.
¿Por qué hay críticas a esta medida?
Expertos y exdirectores de la propia APCI han señalado que la nueva ley puede afectar la independencia de las ONG. Según ellos, el control que impone es excesivo y podría frenar proyectos importantes, sobre todo en zonas donde la ayuda internacional es vital.
Además, alertan que algunas de las reglas son poco claras. Por ejemplo, se prohíbe financiar actividades que “atenten contra el orden público”, pero no se explica bien qué significa eso. Esto podría dar pie a castigos injustos o a la censura de temas sensibles, como los derechos humanos o las elecciones.
¿Cómo afecta esta ley a las ONG?
A partir de ahora, las ONG que reciban dinero del extranjero deberán registrar cada uno de sus proyectos, gastos y actividades en una base de datos de la APCI. Si no lo hacen, podrían recibir multas muy altas o incluso perder el permiso para operar en el país.
La presidenta asegura que no se trata de fiscalización arbitraria, sino de “transparencia”. Sin embargo, quienes han trabajado en la APCI dicen que esta medida aumentará la burocracia y que la agencia no tiene los recursos suficientes para revisar todo el trabajo de las ONG.
¿Qué opinan los defensores de derechos humanos?
Organizaciones defensoras de derechos humanos creen que esta ley podría usarse para castigar a las ONG que critican al gobierno. También dicen que algunas comunidades podrían perder beneficios si los proyectos se retrasan por el exceso de trámites.
Por si fuera poco, advierten que la imagen del Perú ante la comunidad internacional puede verse dañada. Muchos países y entidades extranjeras podrían dejar de enviar apoyo si sienten que hay un control político sobre las organizaciones con las que trabajan.
¿Qué consecuencias podría tener esta decisión que repercutan en las ONG?
La norma busca mayor orden y supervisión, pero podría terminar afectando a los mismos ciudadanos que se intenta proteger. Si las ONG tienen menos libertad o recursos, muchas zonas del país podrían dejar de recibir ayuda para educación, salud, desarrollo rural, entre otros.
Además, aplicar esta ley sin consultar a especialistas y sin escuchar a quienes trabajan en el sector genera desconfianza. El debate continúa y es probable que en los próximos meses veamos nuevas reacciones, tanto dentro como fuera del Perú.
