El Ministerio del Interior (Mininter) anunció la inversión de más de S/580 millones en equipamiento para la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, recientes irregularidades han puesto en duda la transparencia de estas adquisiciones. Una de las compras anuladas fue la de 3.164 chalecos antibalas, valorados en S/6.2 millones, debido a anomalías detectadas en el proceso de selección.
¿Por qué se anuló la compra de chalecos antibalas?
El 13 de marzo, el ministro
Juan Santiváñez tuvo que declarar nula la adquisición de estos chalecos tras una decisión del Tribunal de Contrataciones del Estado. Originalmente, la licitación fue otorgada al Consorcio Blindados, pero posteriormente se asignó al Consorcio Armory Onix. No obstante, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) detectó documentación inexacta, lo que obligó a la anulación definitiva del contrato.
Más adquisiciones en la mira
No solo los chalecos antibalas han estado bajo observación. La compra de un avión multipropósito por S/252.7 millones también ha generado dudas. La Contraloría alertó sobre el riesgo de adquirir una aeronave con especificaciones desactualizadas. A pesar de estas advertencias, el Mininter insiste en la compra del modelo E190-E2 de la empresa brasileña Embraer, diseñado para vuelos regionales y no para las necesidades operativas de la PNP.
¿Qué otras adquisiciones están bajo cuestionamiento?
Las irregularidades no terminan aquí. La compra de 56 vehículos blindados 4×4 y 46 motobombas por US$51.9 millones ha sido objeto de retrasos y cambios en los comités de selección. También se investiga la adquisición de 7.000 fusiles Arad 5 por S/75 millones, ya que la Contraloría ha detectado presuntos favoritismos hacia la empresa israelí IWI.
A esto se suma la compra de 1.007 pistolas por más de S/3 millones, donde se eliminó el requisito de un mecanismo de seguridad clave, lo que podría favorecer a ciertos postores.
El Mininter ha promocionado grandes inversiones en seguridad, pero los hechos revelan irregularidades en varias de sus adquisiciones. La falta de transparencia en estas compras pone en riesgo la eficiencia operativa de la PNP y, en consecuencia, la seguridad ciudadana.