Ley para proteger a transportistas

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El Congreso aprobó la ley para proteger a transportistas y empresas afectadas por delitos de extorsión y sicariato, dos de los problemas que más golpean al sector. La Ley N.º 32490, publicada en el diario oficial El Peruano, busca garantizar la seguridad y continuidad del servicio de transporte público y de carga en todo el país. La norma dispone acciones preventivas, financieras y operativas para reducir los riesgos de la delincuencia. Además, busca recuperar la estabilidad económica de las empresas afectadas, fortaleciendo la respuesta de las autoridades ante las mafias que exigen pagos ilegales o “cupos”.

¿En qué consiste la ley para proteger a transportistas?

El plan reúne a instituciones como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), la SUTRAN, la ATU, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Todas ellas deberán trabajar juntas para prevenir actos de extorsión y sicariato, reforzando la seguridad en el transporte urbano y de carga. La SBS vigilará los movimientos bancarios de los transportistas para detectar pagos extorsivos. Así se busca rastrear transferencias sospechosas, remesas, giros o transacciones digitales relacionadas con denuncias de extorsión. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se encargará de acreditar rutas, terminales y buses que cuenten con cámaras, botones de pánico o sistemas de vigilancia integrados al sistema nacional de control C5i. Además, la PNP elaborará mapas de riesgo y zonas críticas para intervenirlas con rapidez. Los conductores, cobradores y gerentes de transporte recibirán capacitaciones para detectar y denunciar actos extorsivos de forma segura.

¿Qué medidas inmediatas contempla la ley?

El Ministerio del Interior, la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial liderarán las acciones de respuesta inmediata ante denuncias de extorsión o sicariato. El objetivo es actuar con rapidez y coordinación, protegiendo a las víctimas y garantizando la continuidad del servicio de transporte. El Estado también ofrecerá créditos blandos y exoneraciones temporales a las empresas que hayan sido afectadas por el crimen organizado. Asimismo, se aplicará la extinción de dominio sobre bienes o cuentas usadas en actividades ilícitas, que pasarán a manos del Estado. La ley también crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), que operará a nivel nacional y estará formado por la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con el fin de reforzar la inteligencia y las acciones conjuntas contra estos delitos. Con esta medida, el Congreso busca proteger la vida y el trabajo de los transportistas, quienes se han convertido en blanco frecuente de mafias. La ley representa un paso firme hacia la seguridad y formalización del transporte en el Perú, y refuerza la lucha del Estado contra la extorsión y el sicariato.

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