Ley Chlimper 2.0: MEF respalda beneficios tributarios

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El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, defendió la Ley Chlimper 2.0 y los beneficios tributarios para las grandes agroexportadoras. Señaló que estas medidas han impulsado el empleo, el consumo y las exportaciones, mientras crece la presión política y social sobre el Ejecutivo, que debe decidir en pocos días si promulga la norma.

¿Por qué el MEF respalda la Ley Chlimper 2.0?

Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto, el ministro explicó que las agroexportaciones han sido clave para el desarrollo económico del país. Recordó que las exportaciones del sector crecieron de US$680 millones en el 2000 a más de US$12.000 millones en el 2024, gracias en parte a estos incentivos. El titular del MEF aseguró que, aunque las exoneraciones tributarias representan un costo fiscal de S/26.350 millones (2,2% del PBI), el impacto positivo en consumo, recaudación del IGV y empleo compensa la reducción en el Impuesto a la Renta.

¿Qué críticas recibe la Ley Chlimper 2.0?

Organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) y Conveagro cuestionan la norma. Afirman que, en 10 años, estas exoneraciones generarán un perjuicio de S/20.000 millones al Estado, dinero que podría invertirse en salud, educación y seguridad. Además, señalan que el 94% de trabajadores del sector agroexportador tiene contratos temporales, lo que limita su estabilidad, acceso a créditos y derechos laborales. También advierten que la norma debilita la fiscalización de Sunafil en empresas con antecedentes de abusos.

¿Qué ocurrirá con la Ley Chlimper 2.0?

El Ejecutivo tiene plazo hasta el 10 de septiembre para observar la ley o promulgarla. Pese a las protestas sindicales, las posiciones del MEF y del Ministerio de Desarrollo Agrario muestran un fuerte respaldo a la norma. Para Pérez-Reyes, los beneficios tributarios deben aplicarse solo a sectores con ventajas competitivas, como la agroexportación, que aseguran divisas y empleo. Sin embargo, críticos señalan que la norma protege a grandes compañías ya consolidadas y reduce recursos públicos que podrían destinarse a servicios esenciales. El futuro de la Ley Chlimper 2.0 está ahora en manos del Ejecutivo y la decisión marcará el rumbo del sector agroexportador en los próximos años.

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