Juan José Santiváñez Antúnez, actual ministro del Interior, se encuentra bajo la lupa de la justicia debido a tres investigaciones en su contra. Dos de ellas han sido abiertas por la Fiscalía de la Nación por presunto abuso de autoridad y encubrimiento. La tercera, a cargo del fiscal Carlos Ordaya López del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), lo vincula a una organización criminal.
Pese a estas investigaciones, Santiváñez ha tomado medidas que han generado controversia, como presentar una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y una queja funcional contra el fiscal Ordaya. Estas acciones, según fuentes judiciales, buscarían desacreditar a quienes lo investigan.
¿Cuál es su verdadero objetivo político?
En conversaciones de WhatsApp con el capitán Junior Izquierdo, alias «Culebra», Santiváñez habría revelado su estrategia política:
«Estoy saliendo y haciendo todo esto para que Dina no pueda botarme», afirmó en uno de los mensajes filtrados. Además, indicó que su meta real es llegar a la presidencia en 2026.
Su permanencia en el cargo se sostiene gracias al respaldo del Congreso, a pesar del aumento de la criminalidad en el país. Sin embargo, su camino hacia la presidencia enfrenta un obstáculo: la falta de apoyo ciudadano.
Las encuestas recientes muestran que la mayoría de los peruanos culpa a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al actual gobierno por la crisis de inseguridad.
¿Con cuántos oficiales investigados mantiene vínculos Santiváñez?
Antes de asumir el Ministerio del Interior, Santiváñez ejercía como abogado y defendió a varios oficiales de la PNP acusados de graves delitos. Entre sus clientes se encuentran:
- Comandante Raúl Prado Ravines, presunto líder del «Escuadrón de la Muerte».
- General Héctor Petit, investigado por compras irregulares de insumos médicos.
- General José Figueroa, vinculado a la organización criminal «Los Intocables Ediles».
Además, ha representado a agentes acusados de brindar protección al exoperador del fujimontesinismo, Óscar López Meneses, y a oficiales implicados en «Los Babys del Fundo Oquendo», una banda dedicada a la extorsión y usurpación de terrenos.
Ley a favor de los policías investigados
Ya como ministro del Interior, Santiváñez impulsó la Ley 32181, que impide la prisión preventiva para policías investigados en el ejercicio de sus funciones. Esta medida generó críticas, ya que podría favorecer la impunidad de efectivos vinculados a redes criminales.
¿Su discurso contradice su historial?
Pese a haber defendido a policías acusados de corrupción, en enero de 2024, durante una conferencia de prensa en Trujillo, Santiváñez negó haber patrocinado a efectivos implicados en actos ilícitos. Sin embargo, documentos judiciales demuestran lo contrario y refuerzan las dudas sobre su gestión.
