El Poder Ejecutivo anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para reinstaurar el servicio militar y policial obligatorio. Esta medida busca enfrentar el incremento de la criminalidad en el país. Así lo informó Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros.
El anuncio generó una fuerte controversia, ya que ocurre en medio del debate sobre la inseguridad ciudadana y a pocos días de la posible censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
¿Por qué critican la propuesta del gobierno?
Adriana Tudela, congresista de Avanza País, criticó la iniciativa y la calificó de «populista» y «sin estrategia»:
«El gobierno no tiene plan alguno para combatir la inseguridad. Esta propuesta lo confirma», declaró en su cuenta X (antes Twitter).
Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, también se pronunció en contra:
«No hay planes ni políticas claras. Están mezclando defensa nacional con orden interno», advirtió en Canal N.
Según él, esta medida podría permitir que delincuentes sean convocados al servicio policial, dándoles acceso a más poder.
¿Cuándo se ha aplicado el servicio militar obligatorio en el Perú?
El servicio militar obligatorio ha existido en diversas etapas de la historia peruana:
- 1942: Se instauró durante el gobierno de Manuel Odría con el Decreto Ley 10967. La norma establecía que todos los peruanos entre 20 y 50 años debían cumplir con este deber.
- Dictadura de Juan Velasco Alvarado: Se permitió la participación voluntaria de mujeres en tiempos de paz.
- 1999: El gobierno de Alberto Fujimori cambió la normativa, haciendo el servicio militar voluntario, estado que se mantiene hasta hoy.
- 2013: Durante el gobierno de Ollanta Humala, se intentó restablecer la medida a través de un sorteo entre jóvenes de 18 a 25 años. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo y el Poder Judicial suspendió la convocatoria por considerarla «discriminatoria».
¿Será efectiva esta medida contra la delincuencia?
El regreso del servicio militar obligatorio abre un debate sobre su eficacia real en la lucha contra el crimen. Mientras el gobierno defiende su propuesta como una solución a la inseguridad, especialistas advierten sobre sus posibles consecuencias.