La separación de docentes por delitos graves es una medida que busca proteger a los estudiantes. El Ministerio de Educación (Minedu) retiró a 1,031 personas del sistema educativo entre abril de 2024 y junio de 2025. Estas personas, entre docentes y personal administrativo, tenían condenas o procesos judiciales por delitos como violación, terrorismo, homicidio y otros crímenes graves.
Estas medidas forman parte de la estrategia nacional llamada Escuelas Seguras, impulsada por el Gobierno para garantizar que los colegios sean espacios protegidos para niños y jóvenes.
¿Dónde trabajaban estos docentes?
Las autoridades encontraron que estas personas trabajaban en 897 colegios públicos y 134 privados de todo el país. Del total, 163 personas con sentencias firmes del Poder Judicial fueron expulsadas de forma definitiva del sistema educativo. En tanto, 868 personas que aún tienen procesos judiciales activos fueron retiradas de manera preventiva, según lo permite la ley.
¿Qué delitos cometieron?
El delito más frecuente fue violación a la libertad sexual, con 868 implicados. De ellos, 755 eran docentes y 113 administrativos. Otros delitos fueron:
- Terrorismo y apología del terrorismo: 80 personas (67 docentes y 13 administrativos)
- Tráfico ilícito de drogas: 22 personas (18 docentes y 4 administrativos)
¿Qué medidas sigue tomando el Minedu?
El ministro de Educación, Morgan Quero, explicó que trabajan constantemente para identificar a quienes representan un peligro para los estudiantes. Además, informó que desde enero de 2025 se ha retirado a más de 1,800 trabajadores con antecedentes penales por delitos graves.
El ministerio también bloqueó a más de 2,000 docentes denunciados por faltas como violación y terrorismo. Gracias a esta medida, estas personas no podrán ser contratadas ni nombradas en ningún colegio del país.
¿Qué ley respalda esta decisión?
El Minedu aplica la Ley 29988, que establece sanciones claras para los docentes o administrativos con condenas o investigaciones por delitos como terrorismo, violación o tráfico de drogas. Esta norma busca asegurar que las escuelas sean lugares seguros y libres de violencia.
