El Gobierno habría implementado un mecanismo para clasificar como reservada información de interés público, limitando el acceso de la prensa y la ciudadanía. Así lo denunció el portal independiente ‘La Encerrona’, que reveló el rol de ciertos funcionarios del Despacho Presidencial en esta práctica.
Según la investigación, los funcionarios involucrados serían:
- Mayor FAP Gonzalo Borda, jefe de la Casa Militar.
- David Jiménez, jefe de la Oficina de Planeamiento.
- Fiorella Gotelli, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- Katty Rodríguez, jefa de la Oficina de Administración.
Un modus operandi que afecta la transparencia
El periodista Ernesto Cabral, quien realizó la denuncia, explicó que presentó diversas solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia. Sin embargo, sus pedidos fueron rechazados bajo el argumento de que la información solicitada era confidencial. Entre los datos restringidos estarían:- Desplazamientos del cofre presidencial en el marco de las investigaciones contra Dina Boluarte.
- Detalles sobre las reuniones entre los funcionarios involucrados.
- Registros de visitas a la residencia presidencial.
- Acceso a cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno.
- Información sobre los viajes de la presidenta a China y Suiza.
¿Cuál es el impacto de esta práctica?
Cabral advirtió que este mecanismo representa un riesgo para la democracia y la libertad de prensa:«Nos enfrentamos a obstáculos cada vez que intentamos acceder a información relevante. El Gobierno usa estos mecanismos legales para evitar rendir cuentas», declaró.Esta situación genera preocupación, ya que impide a la prensa y a la ciudadanía conocer detalles sobre temas sensibles, como el caso Rolex o el vehículo presidencial. La falta de transparencia mina la confianza en las instituciones y dificulta la fiscalización del poder.
