La Fiscalía de la Nación, a través de Delia Espinoza, formalizó una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de peculado de uso. La denuncia, presentada en junio de 2024, acusa al fiscal del caso Lava Jato de utilizar recursos públicos del Ministerio Público para su defensa en una audiencia judicial.
Luis Miguel Caya Salazar, denunciante del caso, indicó que, el 29 de mayo de 2024, Pérez habría empleado su despacho, equipos electrónicos y otros bienes estatales para presentar sus alegatos en una audiencia de tutela de derechos.
Como parte del proceso, la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos remitió el caso a la fiscal Elizabeth Marticorena Patiño, quien asumió la investigación. Pérez fue citado a declarar ante el Ministerio Público el 14 de febrero de 2025.
Investigación por presunto enriquecimiento ilícito
Además del caso de peculado de uso, José Domingo Pérez también enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. A finales de 2024, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inició una indagación formal tras la adquisición de una camioneta Volvo valorizada en 46,000 dólares.
Según la Fiscalía, la compra fue financiada con la venta de otros vehículos y ahorros familiares. Sin embargo, aún no se ha justificado el origen de 13,500 dólares aportados por la esposa de Pérez.
La investigación incluirá una pericia complementaria para revisar documentos no analizados en la fase preliminar. Dependiendo de los hallazgos, el fiscal superior Reggis Chávez podría solicitar medidas restrictivas o la suspensión de Pérez mientras se recolecta más evidencia.
¿Por qué Corte Suprema rechazó recurso de José Domingo Pérez?
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez supremo César San Martín, rechazó el recurso presentado por José Domingo Pérez para detener la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal argumentó que esta indagación vulneraba el debido proceso y constituía una doble persecución penal, pues los hechos ya habían sido archivados anteriormente.
No obstante, el magistrado San Martín señaló que el Código Procesal Penal permite reabrir investigaciones cuando aparecen nuevos elementos de convicción. En este caso, la compra del vehículo fue el motivo principal para reexaminar el proceso.
Con esta decisión, el Ministerio Público continuará la investigación y determinará si existen pruebas suficientes para formular una acusación contra el fiscal del equipo especial Lava Jato. Por su parte, José Domingo Pérez ha manifestado que se trata de una campaña de hostigamiento por su labor en casos de corrupción.
