El Ministerio Público formalizó una investigación contra Dina Boluarte por lavado de activos en el marco del presunto manejo irregular de fondos vinculados a la campaña presidencial de Perú Libre en 2021. La investigación alcanza a la expresidenta Dina Boluarte y a otras siete personas más.
¿Por qué investigan a Dina Boluarte?
Según la Fiscalía, Boluarte habría tenido control y manejo de cuentas mancomunadas utilizadas para recaudar aportes de militantes de Perú Libre.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, parte de ese dinero habría servido para pagar la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón, quien permanece prófugo de la justicia desde 2022. La investigación estará a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y tendrá un plazo de 36 meses.
Investigación contra Dina Boluarte por lavado de activos seguirá por tres años
El caso también involucra a otros exintegrantes y colaboradores relacionados con Perú Libre. La Fiscalía sostiene que las diligencias se desarrollarán bajo la Ley contra el Crimen Organizado.
Además, el Ministerio Público busca determinar el origen, manejo y destino del dinero recaudado durante la campaña electoral.
Dina Boluarte no tiene impedimento de salida del país
Pese a las investigaciones en su contra, el Poder Judicial rechazó anteriormente los pedidos de impedimento de salida del país contra la exmandataria. Los magistrados consideraron que no existía peligro de fuga y destacaron su comportamiento durante el proceso judicial.
Boluarte también afronta otras investigaciones, entre ellas el caso conocido como “Cirugías”, relacionado con presuntas designaciones irregulares en EsSalud.
Fiscalía mantiene investigaciones contra expresidenta
La situación judicial de Dina Boluarte continúa complicándose tras dejar el poder en 2025. Las nuevas diligencias podrían derivar en futuras acusaciones fiscales si se encuentran pruebas suficientes durante la etapa preparatoria.
Mientras tanto, el caso vuelve a colocar a la exjefa de Estado en el centro de la atención política y judicial del país.
