La presidenta de la república, Dina Boluarte fue citada el próximo 31 de mayo al Ministerio Público para responder por las muertes en las protestas que se registraron en el interior del país a causa de la represión de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar que involucra a Dina Boluarte, junto con el primer ministro Alberto Otárola, su predecesor Pedro Angulo, los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, y el actual ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
Esta investigación se lleva a cabo por los presuntos delitos de genocidio de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las 49 muertes ocurridas durante las protestas que se dieron contra su gobierno en diciembre del 2022 y enero de este año.
Asimismo, el abogado de la mandataria, Joseph Campos, explicó que su patrocinada asistirá junto con él a la fiscalía para brindar su declaración y están interesados en cerrar este capítulo: “Por supuesto que asistiremos. Nosotros hemos buscado esta declaratoria. Buscamos culminar este capítulo que no debería existir porque no corresponde a un presidente de La República, que es una autoridad constitucionalmente establecida, estar investigando por este delito”, puntualizó.
