El Ejecutivo usa dinero público para pagar defensa legal de altos funcionarios, entre ellos la presidenta
Dina Boluarte y los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala. La congresista Ruth Luque denunció que la Presidencia de la República destinó más de S/2 millones en defensa legal para 26 funcionarios investigados por diversos casos.
Este uso de recursos del Estado incluye un gasto específico de S/1.061.200 solo para la defensa de Boluarte, Toledo y Humala. En todos los casos, los contratos fueron firmados por el Despacho Presidencial. La información fue confirmada por la Subsecretaría General de esta institución.
¿Cuánto se gastó en cada exmandatario?
Dina Boluarte firmó un contrato con el abogado Joseph Campos por S/180.000 en abril del 2023. Campos la representa ante el Tribunal Constitucional en una demanda que busca frenar investigaciones en su contra mientras esté en el cargo.
En el caso de Alejandro Toledo, el Despacho Presidencial realizó tres pagos por su defensa: S/180.000 en julio de 2022, S/100.000 en abril de 2023, y S/180.000 en noviembre del mismo año.
Para Ollanta Humala, los contratos sumaron S/421.200. El primero, en abril de 2023, fue por S/291.600, y el segundo, en noviembre, por S/129.600. Cabe recordar que ambos expresidentes están vinculados al caso Lava Jato.
¿Qué otras instituciones gastaron en defensa legal?
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también destinó más de S/855.000 para pagar abogados a 8 ex primeros ministros. El caso más costoso es el de Javier Velásquez Quesquén, con S/150.000. También figuran Guido Bellido y Alberto Otárola, con S/117.000 y S/156.000 respectivamente.
El Ministerio de Justicia informó que este tipo de gastos ha aumentado cada año. En 2021 se pagó S/67.500, mientras que en 2024 ya se han destinado S/274.050 para 22 funcionarios. El gasto no solo crece, también lo hace la cantidad de personas beneficiadas.
¿El Congreso también financia defensas privadas?
Sí. En diciembre del 2023, la Mesa Directiva del Congreso autorizó cubrir los honorarios legales de congresistas investigados. Se aprobó un monto máximo de S/42.800 por parlamentario. Hasta ahora, han accedido a este beneficio Francis Paredes, Jorge Flores y Fernando Rospigliosi.
Además, el Congreso aprobó una norma que permite usar el financiamiento público de partidos políticos para pagar abogados de agrupaciones y dirigentes, lo que amplía aún más el alcance del gasto.
¿Se puede revertir este uso de recursos?
La congresista Ruth Luque ha presentado un proyecto de ley para prohibir el uso de dinero público en defensas legales privadas. Sin embargo, el proyecto está en manos de una comisión liderada por Perú Libre, cuyos miembros forman parte de la misma Mesa Directiva que aprobó estos pagos. La posibilidad de que se apruebe en el Pleno es muy baja.
