El gobierno de
Dina Boluarte respalda la propuesta de que los abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas sean juzgados exclusivamente en el fuero militar-policial, una medida que ha generado controversia debido a los posibles riesgos de impunidad en casos de violaciones durante los estados de emergencia.
¿En qué consiste la medida?
En una reciente conferencia de prensa, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, confirmó que el Ejecutivo presentará pronto al Congreso una reforma constitucional para que los miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas que utilicen armas de fuego durante los estados de emergencia sean juzgados únicamente por la justicia militar-policial. Esta iniciativa busca establecer un marco legal que proteja a los efectivos de posibles sanciones, asegurando que sus actuaciones sean evaluadas dentro de un contexto específico y controlado por sus propias instituciones.
- Adrianzén explicó que la reforma permitiría que los efectivos sean juzgados por el fuero militar-policial si hacen uso de sus armas de manera reglamentaria, y siempre que exista un informe previo de la Inspectoría General que respalde la legalidad del uso de la fuerza. Solo en caso de que se demuestre que el uso de armas no fue reglamentario, el caso pasaría a ser evaluado por la justicia ordinaria, en manos del Ministerio Público.
¿Cómo responde Dina Boluarte?
La presidenta Dina Boluarte también se pronunció sobre la medida al final de un
Consejo de Estado, donde destacó que esta reforma busca garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad puedan actuar con mayor seguridad jurídica en situaciones de emergencia.
En ese sentido, Boluarte subrayó que el gobierno tiene la intención de que la reforma sea aprobada por el Congreso, lo que permitirá que los efectivos de la
Policía y las Fuerzas Armadas estén protegidos legalmente cuando usen la fuerza para cumplir con sus funciones.
Controversia sobre la norma:
Aunque el gobierno de Dina Boluarte ha mostrado un firme respaldo hacia esta reforma,
la propuesta ha generado una gran polémica, especialmente por la preocupación de que se puedan dejar impunes posibles abusos cometidos durante los estados de emergencia, cuando el uso de la fuerza se intensifica. A pesar de este riesgo, las autoridades defienden que la medida brindará mayor protección a los efectivos en el cumplimiento de su deber, especialmente en contextos de alto riesgo como el enfrentamiento al crimen organizado.
¿Qué sigue ahora?
El siguiente paso será que el gobierno remita formalmente el paquete de reformas al Congreso, donde será discutido y, en su caso, aprobado.
De ser aceptada, esta reforma marcaría un cambio significativo en el sistema judicial, delimitando el ámbito de responsabilidad de los efectivos de las fuerzas de seguridad a un fuero especializado, lo que podría generar un impacto considerable en la manera en que se investigan y juzgan los abusos cometidos por la policía y los militares en situaciones de emergencia.
