Luego de que el Ministerio de Educación designara a Manuel Enemecio Castillo Venegas como superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Varias instituciones y personas han alzado la voz de protesta, pues denuncian que se está violando la normativa.
Además, Castillo está siendo investigado por presunta corrupción, ya que es investigado como presunto responsable de la gestión ilegal de concursos docentes en la Universidad Nacional de Piura (UNP) y los fondos del Colegio de Abogados de Piura (ICAP). La designación se realizó mediante Resolución Ministerial N° 131-2023-Minedu, publicada en el diario oficial El Peruano.
Se conoció que Castillo Venegas tiene una investigación luego de ser acusado de ser el presunto responsable del manejo ilegal de fondos del Colegio de Abogados de Piura (ICAP) y la ausencia de información administrativa durante su gestión.
Precisamente en este último caso, el decano del Colegio de Abogados de Piura, Martín Castillo, a través de una breve comunicación telefónica, aseguró que esto aún se encuentra bajo investigación.
Posteriormente, el abogado agregó: Ante la solicitud de información que me hizo, le sugiero que la solicite a la Fiscalía, recuerde que cualquier investigación es de público conocimiento”, Castillo enfatizó.
Asimismo, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura investigación preliminar sobre Manuel Castillo Venegas en relación con un supuesto manejo político de los concursos para la designación de docentes en la Universidad Nacional de Piura.
Por su parte, el profesor de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Segundo Dioses Zárate también cuestionó fuertemente su designación porque contravendría el artículo 17.5 de la Ley N° 31520, habiendo sido autoridad y/o director y/o asesor y/o representante legal de esa casa superior de estudios.
“Manuel Castillo Venegas fue asesor jurídico de la Universidad Nacional de Piura y coordinador del Programa de Maestría de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la referida universidad durante el año 2022. Además, ha participado defendiendo los intereses de la UNP, sus autoridades y exautoridades en procesos judiciales contra la propia Sunedu. Lo cual, contravendría el artículo 17.5 de la Ley N° 31520, habiendo sido autoridad y/o administrador y/o asesor y/o representante legal… él, como eminente abogado, debió saber que no podía formar parte del Directorio de Directivos de la Sunedu”, explicó Dioses.
Agregó que los rectores que elijan al superintendente deben ser de universidades que tengan todos los órganos de gobierno constituidos y la UNP no tiene nada de eso. “Continúan las irregularidades e ilegalidades que comete la UNP en otro nivel” dijo Segundo Dios.
