Desde mayo de 2023, el Congreso de la República ha iniciado un ambicioso proceso de reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal. Sin embargo, este esfuerzo ha generado confusión y caos en el sistema judicial, y muchos lo ven como un intento de beneficiar a los propios congresistas y a los partidos políticos que dominan el parlamento.
Hasta la fecha, se han aprobado y promulgado ocho leyes penales que, según el juez Jorge Chávez Tamariz, son contradictorias y carecen de un desarrollo técnico claro. Por su parte, el juez Richard Concepción Carhuancho ha señalado que algunas de estas reformas parecen tener un enfoque personal y no son viables constitucionalmente.
¿Cuáles son las ocho leyes aprobadas?
– La Ley 31751 reduce el tiempo de prescripción de un delito a un año, complicando la capacidad del Estado para investigar y sancionar crímenes.
– La Ley 31989 limita las denuncias por tenencia ilegal de explosivos a mineros informales, eximiéndolos de sanciones.
– La Ley 31990 establece restricciones sobre cómo se maneja la información de los colaboradores eficaces, buscando proteger sus derechos y evitar filtraciones.
– La Ley 32054 modifica regulaciones que dificultaban la acción legal contra organizaciones políticas, permitiéndoles evadir sanciones más severas.
– La Ley 32107 establece que no se procesarán delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 1 de julio de 2002, lo que genera preocupaciones sobre la justicia.
– La Ley 32108 redefine el concepto de crimen organizado, reduciendo los requisitos para calificar conductas delictivas.
– La Ley 32130 limita las facultades del Ministerio Público, traspasando investigaciones preliminares a la Policía Nacional, lo que genera críticas sobre la efectividad del sistema judicial.
Para ir de mal en peor, el Congreso está evaluando más reformas que podrían restringir la capacidad de los jueces para aplicar el control difuso y que afectarían la independencia judicial. Las mismas que no solo están creando incertidumbre en el sistema penal, sino que también están generando un clima de desconfianza en la administración de justicia.
