Congreso aprueba ley que fortalece apoyo de gobiernos locales

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El Congreso aprueba ley que fortalece apoyo de gobiernos locales a la PNP, una norma que permitirá a municipios y regiones invertir directamente en infraestructura, bienes y servicios para la Policía Nacional del Perú. Con esta medida se busca reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana y reducir los trámites que antes retrasaban la colaboración.

¿Cómo funcionará el apoyo de gobiernos locales a la PNP?

Con esta ley, las autoridades regionales y municipales podrán destinar recursos de manera inmediata a la reparación de patrulleros, mantenimiento de comisarías y adquisición de equipos básicos. Antes, la Ley 29010 obligaba a firmar convenios con el Ministerio del Interior, lo que generaba demoras. Ahora, los acuerdos se realizarán directamente con las regiones policiales, agilizando la cooperación. Durante el debate en el Congreso, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), explicó que la iniciativa surgió a partir del deterioro del parque automotor de la PNP. Actualmente, casi la mitad de las camionetas y cuatro de cada diez motocicletas no funcionan, lo que afecta la capacidad de respuesta policial.

¿Qué impacto tendrá en la seguridad ciudadana?

La norma permitirá a los gobiernos locales actuar con rapidez frente a la inseguridad. La reparación de vehículos, el arreglo de comisarías y la compra de equipos esenciales fortalecerán la presencia policial en las calles. Según el congresista Américo Gonza (Perú Libre), autor del proyecto, esta medida mejorará la intervención de los gobiernos subnacionales y dará más recursos a la PNP para enfrentar el crimen.

¿Qué límites establece la nueva ley?

El marco legal indica que los municipios y regiones podrán invertir en infraestructura y servicios, pero no en armas ni municiones. Además, cada convenio deberá detallar el uso de los recursos, los responsables de su gestión y las condiciones de devolución en caso de incumplimiento. El Poder Ejecutivo tiene 30 días para reglamentar la norma, mientras que el Ministerio del Interior dispondrá de 60 días para adecuar su normativa interna. Asimismo, se deroga la Ley 29010 y se da paso a este nuevo modelo que busca una cooperación más directa entre los gobiernos locales y la Policía Nacional. Con esta decisión, el Congreso refuerza la lucha contra la inseguridad y brinda a la PNP mayores herramientas para atender la demanda ciudadana de protección en todo el país.

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