El día de hoy, El Congreso de Perú aprobó el informe final sobre la denuncia constitucional donde exhorta a la Fiscalía acusar al expresidente Pedro Castillo por presunto encabezamiento de organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
El hemicidio fue aprobado con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, a lo cual Fiscalía de la nación catalogó al ex-mandatario de planificador, director y controlador. Castillo aun cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe, por lo que, ahora, el Ministerio Público deberá presentar una acusación formal ante el Poder Judicial.
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El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el exmandatario y sus exministros.
