La presidenta Dina Boluarte, junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrenta una nueva acusación constitucional promovida por la congresista Ruth Luque. Según la legisladora, los altos funcionarios habrían vulnerado principios establecidos en la Constitución al observar de manera tardía una ley que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
La norma en cuestión pretendía ser una herramienta clave en la lucha contra la delincuencia, permitiendo a las autoridades detener a sospechosos durante un período limitado mientras se recopilaban pruebas para una acusación formal.
¿Qué argumentos presentó Ruth Luque?
La congresista Luque, representante del Bloque Democrático Popular, calificó la observación de la ley como una «grave afrenta» a la seguridad ciudadana. Asimismo, destacó que esta decisión podría haber favorecido a personas vinculadas al entorno de la presidenta Boluarte, como Fredy Hinojosa, vocero de la mandataria, y su hermano, Nicanor Boluarte.
Además, Luque señaló que los informes justificatorios emitidos por el Ministerio del Interior se elaboraron de forma tardía, específicamente el 13 de enero de este año, lo que pone en duda la diligencia y transparencia del proceso.
“La no restitución de la detención preliminar impacta directamente en la lucha contra la delincuencia. El deber de la presidencia es garantizar la seguridad y servir a la nación”, manifestó la legisladora a través de su cuenta en X (antes Twitter).
¿Cuál fue la respuesta del Ejecutivo?
Hasta el momento, el único funcionario que ha emitido declaraciones es el premier Gustavo Adrianzén. Durante una conferencia de prensa, Adrianzén sostuvo que las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros se encuentran plenamente respaldadas por la Constitución y la ley.
“El cumplimiento de funciones dentro de los plazos establecidos no genera ningún tipo de responsabilidad administrativa, funcional ni constitucional. Confío en que esta denuncia será archivada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, afirmó Adrianzén.
El premier insistió en que todas las acciones del Ejecutivo están estrictamente apegadas al marco legal y constitucional, descartando irregularidades en el manejo del caso.
¿Qué implicancias hay en contra la lucha de la delincuencia?
La observación de la norma ha generado un fuerte debate en torno a su impacto en la seguridad ciudadana. Sus defensores argumentan que la detención preliminar en casos de no flagrancia es una herramienta fundamental para combatir delitos graves, como extorsiones y homicidios, permitiendo actuar de manera más eficiente en las investigaciones policiales.
Por otro lado, los críticos señalan que las demoras y posibles irregularidades en el manejo de esta norma evidencian una falta de compromiso del Gobierno con la seguridad de la ciudadanía.
