El Distrito Fiscal de
Piura se fortalece con cinco nuevas fiscales, un hecho clave que impulsa la lucha contra la violencia y el crimen organizado. Este refuerzo institucional busca mejorar la atención a la ciudadanía y garantizar una justicia más rápida y cercana.
Las nuevas designaciones se realizaron según las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N° 1267 y 1272. Claudia Natali Montero Soto y Ely Natalia Fiestas Antón asumirán funciones en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos. Esta área es vital para la protección de los derechos de las mujeres y familias en situación de vulnerabilidad.
¿Quiénes son las nuevas fiscales y dónde trabajarán?
La abogada Rosalita Távara ejercerá como fiscal adjunta provincial titular penal en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura. Por su parte, Nidia Quinde Melendres ha sido asignada de manera provisional a la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, un espacio clave para combatir redes delictivas en la región. Finalmente, Marianella Wong Cardoza servirá como fiscal adjunta en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paita.
¿Por qué es importante este fortalecimiento?
La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Faviola Campos, resaltó la importancia del compromiso que asumen las nuevas fiscales. Según ella, su labor será crucial para brindar una atención oportuna y eficiente a la población, especialmente en contextos de alta demanda judicial como los que vive Piura.
Este paso adelante en la estructura del Ministerio Público busca mejorar la cobertura legal, especialmente en zonas donde la violencia familiar y la criminalidad organizada requieren respuestas inmediatas.
Consulta institucional con enfoque ciudadano
El fortalecimiento del sistema de justicia a través de fiscales en Piura refleja el interés del Estado en asegurar que cada ciudadano tenga acceso a una justicia rápida, clara y efectiva. Esta acción también representa una oportunidad para aumentar la confianza de la población en las instituciones judiciales.
