Dos choferes asignados al
Despacho Presidencial manejan vehículos oficiales pese a no tener licencia de conducir válida. Hernán Gonzáles Cuipal y Danny Siccha Ocampo utilizan permisos especiales de las Fuerzas Armadas, pero esos documentos no los autorizan legalmente para conducir fuera de sus funciones militares. Esta situación reaviva la preocupación sobre quiénes manejan en las instituciones más importantes del país.
¿Qué tipo de licencias usan estos choferes?
Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Hernán Gonzáles perdió su brevete en 2010, y Danny Siccha lo tiene vencido desde 2022. A pesar de esto, ambos siguen conduciendo usando permisos militares y policiales. Estos documentos solo sirven para manejar vehículos institucionales dentro de sus labores en las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Sin embargo, no está claro si son válidos para conducir autos del Gobierno.
¿Qué dicen los expertos?
Militares retirados afirman que estas licencias no reemplazan al brevete civil. Según el general en retiro Carlos Flores Cabrera, los permisos militares solo son válidos para vehículos del Ejército. Otro oficial en actividad confirmó que tuvo que sacar un brevete civil porque muchos policías no aceptan el militar. La preparación de los uniformados tampoco es igual a la de los civiles, ya que no se les enseña toda la normativa de tránsito.
¿Puede el Despacho Presidencial permitir esto?
No hay una ley clara que indique si estos choferes pueden usar permisos militares en Palacio. El exministro del Interior Mariano González dice que es una práctica común, pero esto no la hace legal. Por su parte, el Despacho Presidencial no ha dado una respuesta oficial y derivó las preguntas a una solicitud pública de información.
¿Este problema es aislado?
No. Hay más choferes de Palacio con papeletas impagas. Además, el SAT reportó que este año se han impuesto 898 multas por manejar sin licencia. A nivel nacional, la infracción más común es conducir por el carril incorrecto. Esto pone en evidencia un descontrol en el cumplimiento de las reglas incluso dentro de las más altas instituciones del Estado.
