El Congreso de la República electo para el período 2021-2026 podría ser considerado uno de los peores en la historia, no solo por su alto nivel de desaprobación, sino también por la cantidad de padres de la patria envueltos en graves casos que van desde terrorismo, corrupción, lavado de activos, violación sexual, entre otros.
Y es de acuerdo con información revisada por Correo, 23 congresistas afrontan procesos penales en el sistema judicial por delitos cometidos antes y/o durante su gestión. A esto se le suman otros 26 legisladores que también podrían terminar afrontando una investigación en la Fiscalía.
El ranking es liderado por el presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), a quien la Fiscalía de la Nación investiga por la presunta comisión del delito de concusión, esto luego de revelarse que solicitó a los trabajadores de su despacho a responder a través de cuentas falsas, a los cuestionamientos que le hacían en redes sociales.
En paralelo, la Contraloría ha dispuesto el inicio de una intervención sobre la contratación de Yeshira Peralta, hermana de la madre de su hijo, en su despacho congresal.
La tesis señala que Perú Libre(PL) sería una presunta organización criminal, mientras que Waldemar Cerrón se habría dedicado al lavado de activos a través de los aportes ilícitos de dinero a su partido. El caso alcanza a Guido Bellido, hoy en la bancada Perú Bicentenario.
También está José Luna Gálvez(Podemos), investigado por los presuntos aportes ilegales de dinero de las empresas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de su primer partido Solidaridad Nacional en los años 2011 y 2014. Además, es investigado por el delito de organización criminal por las presunta irregularidades detectadas en la inscripción de su partido político Podemos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Mientras que Guillermo Bermejo(Cambio Democrático) afronta un juicio por la presunta comisión del delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.
En la misma bancada está Roberto Sánchez, exministro del expresidente Pedro Castillo, quien es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
FUENTE: EL CORREO