Cinco empresarios de las constructoras Graña y Montero, ICCGSA y JJC, vinculados en el caso Interoceánica Sur (Iirsa Sur) tramos 2 y 3, tienen impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Se trata de los investigados por lavado de activos José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña, Fernando Camet, José Castillo Dibós y Gonzalo Ferraro Rey. La medida se tomó en medio de las pesquisas sobre pago de sobornos y lavado de activos en la construcción de la carretera Interoceánica Sur, durante el Gobierno de Alejandro Toledo.
Asimismo, los investigados tienen prohibido reunirse con testigos, otros investigados y peritos de este proceso y se les ordena acudir al juzgado cada 30 días a reportar sus actividades y verificar que no han viajado. En el caso de Camet Piccone, cumplirá esta última medida de manera remota, al encontrarse radicando actualmente en España.
Además, dispuso el pago de una caución económica contra Ferraro Rey y Castillo Dibós (100,000 soles cada uno), Graña Acuña (200,000 soles), Graña Miro Quesada (300,000 soles) y Camet Piccone (350,000 soles) y 100.000, cada uno, Castillo y Ferrero Rey.
En su resolución, Concepción Carhuancho señaló que no imponía una caución mayor teniendo en cuenta que ellos ya han depositado otras fianzas de hasta un millón de soles, en otros procesos, con el mismo fin, el de evitar una posible fuga o entorpecimiento de la investigación.
De acuerdo a la resolución fiscal, los mencionados empresarios habrían cometido el delito de colusión al aceptar y participar en la decisión de la constructora brasileña Odebrecht de pagar un soborno al expresidente Toledo, por los contratos de construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
Sumado a ello, habrían cometido lavado de activos al utilizar parte de las utilidades de su participación en dicho proyecto vial, para restituir a los brasileños el dinero que habían utilizado para el pago de los sobornos. Esta “restitución” se hizo bajo el concepto de riesgos adicionales y superó los 11 millones de soles.
El pedido fue formulado meses atrás por el fiscal José Domingo Pérez en el caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), en el que está involucrado también el expresidente Alejandro Toledo. El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público había presentado la acusación fiscal contra Alejandro Toledo en la investigación por el caso Odebrecht.
La fiscalía pide 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad contra el expresidente por los delitos de colusión y lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña para la adjudicación de la Interoceánica Sur.
Discussion about this post