La Fiscalía denuncia a
Martín Vizcarra por compra irregular de pruebas rápidas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Esta acusación también alcanza a María Antonieta Alva, exministra de Economía, y Víctor Zamora, exministro de Salud. Según el Ministerio Público, los tres exfuncionarios habrían favorecido a empresas privadas mediante una contratación directa que costó más de 6.5 millones de dólares.
¿Por qué acusan de colusión agravada a Vizcarra y exfuncionarios?
La denuncia indica que Vizcarra y sus ministros habrían coordinado con las empresas NIPRO Medical Corporation y Multimedical Supplies S.A.C. para comprar 1 400 000 pruebas rápidas de COVID-19. Esta decisión se tomó tras una reunión en el Ministerio de Economía, lo que, según la Fiscalía, compromete la transparencia del proceso.
El caso se basa en el artículo 384 del Código Penal, que castiga con hasta 15 años de prisión a los funcionarios que usan su cargo para influir ilegalmente en contratos del Estado. La Fiscalía considera que esto no solo afectó las finanzas públicas, sino también la confianza ciudadana, en un momento crítico para el país.
¿Qué pasa con las vacunas y otros exfuncionarios?
En paralelo, la Fiscalía decidió no presentar cargos por omisión de funciones respecto a la demora en la compra de vacunas contra la COVID-19. Esta decisión exonera de responsabilidad a Vizcarra, Alva, y también a Pilar Mazzetti y Gustavo Meza-Cuadra, entonces ministros de Salud y Relaciones Exteriores, respectivamente. Los investigadores concluyeron que no existió delito en el retraso para adquirir las vacunas, aunque este tema también generó preocupación en su momento.
¿Qué impacto tiene esta acusación?
Este caso reabre el debate sobre cómo se manejó la pandemia en sus primeras fases. La denuncia constitucional contra el expresidente y sus ministros busca establecer responsabilidades por decisiones que, según la Fiscalía, beneficiaron a empresas en perjuicio del Estado.
