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Fiscalía de la Nación, liderada por Delia Espinoza, enfrenta una nueva polémica tras abrir una investigación preliminar contra Fuerza Popular y País Para Todos. Esta decisión se conoció el 27 de marzo, apenas un día después de la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril de 2026. La medida ha generado fuertes críticas y acusaciones de politización del Ministerio Público.
¿Cuál es el objetivo de la investigación liderada por Delia Espinoza?
Según el fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel, la investigación busca determinar si estos partidos han vulnerado normas democráticas y si podrían ser declarados ilegales. Sin embargo, ha causado sorpresa que la medida se base en denuncias de ciudadanos anónimos y en investigaciones previas, como los casos «Cocteles» y «Mamanivideos», relacionados con Fuerza Popular.
¿Qué reacciones provocó esta decisión?
Las reacciones en contra no se hicieron esperar. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, calificó la investigación como un «acto político» y lamentó que la Fiscalía se enfoque en debilitar partidos en lugar de combatir la delincuencia. Afirmó que la medida empaña el proceso electoral y aseguró que aún no ha decidido si será candidata en 2026.
Desde la oposición, el penalista César Azabache también cuestionó la acción fiscal, considerándola «intolerable» y pidiendo su rectificación inmediata. La Asociación Civil Transparencia también expresó preocupación, afirmando que la medida podría afectar la independencia del proceso electoral.
Por su parte, el partido Renovación Popular criticó la Fiscalía por desviar recursos en lugar de centrarse en la lucha contra la criminalidad. Exigieron a Delia Espinoza priorizar la seguridad ciudadana en vez de intervenir en la política.
¿Cuál fue la respuesta de País Para Todos?
El comediante Carlos Álvarez, líder de País Para Todos, también rechazó la investigación. Negó ser candidato presidencial y calificó la denuncia en su contra como «extraña» y «fuera de lugar». La acusación incluye su postura a favor de la pena de muerte, algo que Álvarez justificó como una opinión personal ante un caso de violación infantil en Chiclayo.
¿Cuál es la posición de la Fiscalía?
Ante la creciente polémica, la Fiscalía aclaró que no se trata de una investigación penal, sino de un procedimiento preliminar basado en la Ley de Partidos Políticos. Dante Pimentel aseguró que evaluarán si las denuncias cumplen los requisitos legales antes de tomar una decisión final.
Mientras algunos sectores consideran que se trata de una acción justificable, otros la ven como un intento de interferencia política. En los próximos días, se espera que el Ministerio Público brinde mayores detalles sobre este controvertido caso.
