El Congreso de la República asignó S/ 25 millones para pagar un bono de escolaridad a 3,382 trabajadores, con montos que varían entre S/ 4,000 y S/ 20,000. Este beneficio, equivalente a un sueldo completo, también se otorgó a pensionistas, lo que está generando cuestionamientos sobre su legalidad y justificación. Mientras la mayoría de los servidores públicos reciben un bono limitado a S/ 400, el Parlamento logró exonerarse de esta restricción gracias a su propio régimen laboral.
¿Por qué se aprobó este bono?
En una entrevista con la periodista Milagros Leiva, un asesor parlamentario defendió la medida y aseguró que «cualquier empleado público tiene ese derecho». Sin embargo, ante la pregunta sobre si era justo que trabajadores sin hijos recibieran esta bonificación, respondió con un argumento ambiguo:
«Tienes sobrinos, tienes hijos, tienes primos», expresó.
Por su parte, la congresista Ana Zegarra evitó pronunciarse al respecto y se negó a responder las preguntas de la prensa.
Un beneficio exclusivo para el Congreso
El bono de escolaridad se suma a otro pago extraordinario de S/ 20,000 que los trabajadores del Congreso recibieron en enero por el cierre del pliego presupuestal. Este beneficio, respaldado por el sindicato legislativo, ha generado fuertes críticas debido a la situación económica del país.
Según el Decreto Supremo N.º 002-2025 del Ministerio de Economía y Finanzas, el monto máximo permitido para este tipo de bonos en el sector público es de S/ 400. No obstante, el Congreso logró exonerarse de esta regulación, permitiendo que sus trabajadores accedan a cifras considerablemente superiores.
Debate sobre el manejo presupuestal
La asignación de estos fondos ha reabierto el debate sobre los privilegios dentro del Parlamento. Mientras miles de peruanos enfrentan restricciones económicas y el Estado busca optimizar los recursos, la decisión del Congreso ha sido duramente cuestionada por la opinión pública.