La Fiscalía de la Nación debe resolver si presentará una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por la desactivación del Equipo Especial de Policías que colaboraba con el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) o si archivará el caso. Esta decisión fue ordenada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el pedido de control de plazos solicitado por la defensa de la mandataria.
¿De qué se le acusa a la presidenta?
La Fiscalía acusa a la presidenta Boluarte y al exministro del Interior, Walter Ortiz, de los presuntos delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad. La desactivación del equipo policial, que era liderado por el coronel PNP Harvey Colchado, se oficializó mediante la resolución ministerial 0610-2024-IN, que justificó la medida señalando una duplicidad de funciones con la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Este cambio se efectuó poco antes de la detención preliminar de Nicanor Boluarte y de Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta, quienes son investigados en el caso conocido como «Los Waykis en la Sombra».
Investigación de la Fiscalía y control de plazos
La investigación preliminar fue iniciada por la Fiscalía el 10 de mayo, un día después de la publicación de la mencionada resolución. El plazo de 60 días para la investigación venció el 9 de julio, sin embargo, la Fiscalía emitió una ampliación el 24 de julio, fuera del tiempo estipulado. En palabras del juez Checkley, cualquier extensión del plazo debía haberse realizado antes de la fecha límite.
“La ampliación o prórroga del plazo debe producirse antes de que este venza. Vencido el plazo, no se podrá instar su prolongación«, señaló la resolución.
Con este control de plazos declarado fundado, la Fiscalía deberá tomar una decisión. Sí iniciar una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte o cerrar el caso.
