El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Roberto Chiabra León, presentó un proyecto de resolución legislativa ante el Congreso de la República que propone prohibir que legisladores investigados y sancionados ocupen cargos directivos en el Parlamento.
Mediante el proyecto se busca modificar los artículos 20°y 34° del Reglamento del Congreso con el objeto de fortalecer la idoneidad e institucionalidad parlamentaria.
De este modo, la propuesta plantea que los legisladores con procesos penales en trámite o que hayan sido sancionados por la Comisión de Ética estarán impedidos de integrar la Mesa Directiva del Parlamento, ser propuestos para cargo directivo del cuadro de comisiones y participar de viaje oficial al exterior en representación del Parlamento.
Además, en el caso de los congresistas sancionados por la mencionada comisión, se precisa que dicha sanción acarreará su inelegibilidad para ser miembro de este grupo de trabajo especial.
Es así como la iniciativa, busca la designación de parlamentarios idóneos que no cuenten con sanciones previas o cuestionamientos que puedan ocasionar suspicacias ante la ciudadanía, y por consiguiente, generar algún daño a la imagen y prestigio del Congreso de la República.
