El
Ministerio Público presentó una demanda de extinción de dominio para que se declare al Estado como propietario de los bienes inmuebles que el expresidente Alejandro Toledo Manrique y su entorno familiar habrían comprado con los sobornos recibidos de la constructora Odebrecht.
Dicho pedido abarca los inmuebles ubicados en la calle Cascajal en la urbanización Las Casuarinas, San Borja; el de la calle Las Magnolias, en la Urbanización Camacho, La Molina; la casa de playa de Punta Sal, Tumbes; y las unidades inmobiliarias de la torre Omega, en la avenida Manuel Olguín, en
Surco.
Dichos inmuebles fueron adquiridos por la suma de USD 5,126.716,14 de las cuentas de la offshore
Ecoteva en Costa Rica, más USD 42.237.70 de una cuenta de Eva Rose Fernenbug, dinero que según la Fiscalía es del producto de delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos
Los inmuebles se encuentran desde el 2017 con medidas judiciales de embargo, desposesión e inscripción en
Registros Públicos de impedimento de compra-venta, bajo la administración de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi).
En esta ocasión, la demanda de la Fiscalía busca que el
Poder Judicial declare su decomiso y que pasen a propiedad del Estado de manera definitiva.