El día martes 14 de febrero se presentó una nota prensa publicada por la Asociación Pro Derecho Humanos (Aprodeh), en la cual denunciaban penalmente contra la presidenta Dina Boluarte, los ministros de Estado y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Los denunciados fueron acusado por las muertes ocasionadas en la región de Apurímac en los días desde el 7 de diciembre del 2022. Además, la denuncia fue presentada y procesada un día anterior ante el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Cabe agregar que la denuncia contiene “material audiovisual, documental y testimonios de víctimas que demuestran la comisión de ilícitos penales” argumentando porqué deberían investigar a Dina Boluarte, los integrantes del gabinete ministerial y los altos mandos de la PNP, y contra aquellos “que resulten responsables” de los sucesos ocurrido en Apurímac sobre las víctimas fallecidas en las marchas contra la presidenta.
Las principales instituciones que preceden esta denuncia son Aprodeh, el Instituto de Defensa Legal (IDL), Paz y Esperanza y el equipo legal voluntario de DD. HH., integrado por abogados independientes, quienes señalan graves violaciones de derechos humanos en delitos como homicidio, lesiones graves y leves, tortura y abuso de autoridad.
Según el oficio, fue a partir del 10 de diciembre que se perpetró “una masacre” en Apurímac, ya que en los primeros cinco días se contabilizaron hasta seis personas fallecidas en la región.
De igual manera, se registraron 83 ciudadanos heridos y decenas de detenidos, torturados y víctimas de abuso de autoridad, en el que cinco fueron agraviados de proyectil de armas de fuego.
“Dos de ellas eran adolescentes y la mayor tenía solo 19 años. Algunas de las personas heridas tendrán secuelas que les acompañarán toda su vida. En todos los casos, no solo sufre la víctima, sino sus familias y la comunidad”, declara la denuncia.
