Rojas incluyó también al actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela; al congresista Waldemar Cerrón; y a los principales dirigentes del partido político: Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú Gutarra.
Respecto al exgobernador de Junín, el fiscal lo sindica de ser el cabecilla de la red criminal «constituida dentro» de Perú Libre teniendo como función «dirigir, coordinar, ordenar y ejecutar la comisión de diversas actividades criminales».
“(…)luego de obtenidas las ganancias ilícitas provenientes de dichos ilícitos penales, se habría tenido como fin que estas sean destinadas para financiar indebidamente a las diversas campañas políticas del partido, así como financiar los pagos, servicios y gastos relacionados a los distintos procesos legales y judiciales que tuvieran los integrantes de la presunta organización criminal”, se lee en la disposición fiscal.
Rojas remarcó que esta presunta organización criminal tenía dos objetivos. El primero habría sido financiar “indebidamente” a las diversas campañas políticas de Perú Libre desde su fundación. El segundo, dijo, habría sido financiar los pagos, servicios y gastos relacionados a los distintos procesos legales y judiciales que tuvieran, especialmente los procedimientos donde estaría involucrado o tendría interés Vladimir Cerrón.
La tesis fiscal es que existió una organización criminal dentro de Perú Libre que ha estado defraudando al Estado mediante actos de conversión o transferencia de activos provenientes de actividades criminales vinculadas a delitos de corrupción, que se desprende del caso Los Dinámicos del Centro. El dinero ilícito, sospecha el fiscal, ingresó al mercado económico con una «apariencia de legalidad» a través del partido para ser utilizado.



























































































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